El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que derogó la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas.
El documento fue demandado mediante una acción de nulidad que actualmente estudia la alta corte.
En este proceso se solicitó la suspensión provisional al considerar que la medida podría afectar los derechos de servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades cuyos funcionarios comparten el mismo régimen salarial y prestacional establecido por la Ley 4 de 1992.
En suma, la Sala de Conjueces concluyó que el decreto crea un trato desigual entre funcionarios que desempeñan los mismos cargos y cumplen las mismas funciones.
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Con la suspensión provisional del decreto, y mientras se resuelve de fondo, tanto los que están antes del 20 de julio de 2026 como los que entren después seguirán recibiendo la prima especial en las mismas condiciones, garantizando el Consejo de Estado que no haya trabajadores de “primera” y “segunda” categoría dentro del Estado.
Aquellos que lo hagan después de esa fecha sí quedan excluidos de ese beneficio.
Para la corporación, esta diferencia desconoce las garantías previstas en la Ley 270 de 1996 para todos los servidores de la Rama Judicial, que consagra el derecho a una remuneración justa, acorde con las funciones desempeñadas, así como con la dignidad y jerarquía del cargo.
Además, el alto tribunal advirtió que la medida podría vulnerar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”.
Con esos argumentos, la Sala consideró que se cumplen los requisitos previstos en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para decretar la suspensión provisional del decreto, mientras se adopta una decisión definitiva sobre su legalidad.
¿Ahorro para el Estado?
El Gobierno estimaba que la eliminación de este beneficio generaría un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas públicas.
Aunque el recorte salarial comenzaría a aplicarse con la instalación del nuevo Congreso, este 20 de julio, esto no se va a poder porque el decreto enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado que buscan anular la decisión.
Los demandantes sostienen que el Gobierno no tenía competencia para modificar ese componente salarial y advierten que la medida también podría afectar los ingresos de otros altos funcionarios del Estado, cuyos salarios están ligados a la remuneración de los congresistas.
La prima especial mencionada es diferente de la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente y corresponde al pago de un salario mensual por año.
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